Redacción
Zacatecas, Zac.– Lo que inició como una demanda justa por el precio del frijol ha escalado a una crisis política y social en Zacatecas. Este lunes, una marea humana integrada por campesinos, estudiantes, sindicatos y organizaciones civiles tomó las calles de la capital estatal para denunciar la política de «mano dura» del gobernador morenista David Monreal, tras el violento desalojo policial registrado el pasado fin de semana.
La movilización, que partió de la facultad de Ingeniería de la UAZ y culminó en una abarrotada Plaza de Armas, fue un despliegue de indignación. Entre consignas como «Gobierno represor, el pueblo perdió el miedo» y el rugir de tractores y trilladoras, los manifestantes señalaron la ruptura del diálogo y la criminalización de la protesta social.
El descontento tiene su raíz en el incumplimiento de los acuerdos de comercialización. Los productores denuncian que ni el Gobierno estatal ni el organismo federal Alimentación para el Bienestar han respetado el precio de garantía de 27 pesos por kilo. Esta situación, aseguran, ha dejado el mercado en manos de intermediarios o «coyotes».
En un acto público frente a la sede de gobierno, se dio lectura a una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. En el documento, los productores lanzaron acusaciones de gravedad. Donde Señalan que funcionarios y legisladores locales operan como intermediarios para lucrar con el grano. Acusaron directamente al Gobierno estatal de ordenar el incendio de las bodegas centrales de Segalmex el pasado 21 de abril para ocultar irregularidades y culpar a los campesinos.
Por su parte, el Secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, minimizó la violencia policial ocurrida el 9 de mayo afuera del Multiforo, calificándola como un «error» derivado de las provocaciones de los manifestantes. Mientras tanto, el gobernador Monreal advirtió que estas movilizaciones ponen en riesgo la continuidad de los programas federales de apoyo al campo.
La tensión se mantiene al máximo. Los líderes agrarios ahora exigen que cualquier mesa de negociación se traslade al Congreso del Estado, pues afirman que en las sedes gubernamentales ya no se sienten seguros ante la posibilidad de nuevos ataques de la fuerza pública.
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