Redacción
Ciudad de México. – En un movimiento legal sin precedentes que pone en jaque una de las tradiciones más arraigadas del centro del país, diversas organizaciones civiles y colectivos de activistas por los derechos de los animales han interpuesto un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El objetivo es claro: obtener la suspensión definitiva de la fiesta brava en seis estados de la República, destacando el caso de Aguascalientes.
La ofensiva jurídica no solo apunta a la capital hidrocálida, bastión taurino por excelencia, sino que se extiende a Zacatecas, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato e Hidalgo. El argumento central del recurso sostiene que las corridas de toros vulneran el derecho constitucional a un medio ambiente sano, además de contravenir tratados internacionales de protección animal de los que México es parte.
El centro del debate jurídico
Los activistas argumentan que las declaratorias de la tauromaquia como «Patrimonio Cultural» en estas entidades carecen de validez frente al bienestar de seres sintientes. «No se puede considerar cultura a un espectáculo basado en el maltrato y la muerte», señalaron representantes legales a las afueras del máximo tribunal.
Por su parte, el sector taurino y las cámaras de comercio en Aguascalientes han manifestado su preocupación. Advierten que una suspensión de esta índole tendría un impacto económico devastador, especialmente considerando que la Feria Nacional de San Marcos genera una derrama millonaria vinculada directamente a los festejos en la Plaza Monumental.
¿Qué sigue?
La SCJN deberá analizar la admisión del recurso y determinar si atrae el caso para sentar un precedente nacional. Mientras tanto, la comunidad taurina y los grupos abolicionistas se mantienen en alerta, pues la resolución de los ministros podría dictar el fin de una era en la historia cultural y económica de la región.
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