con información El Informador
Redacción
Guadalajara, Jalisco.-El huachicol fiscal se ha consolidado como uno de los principales factores que agravan la crisis financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex). Tan solo en 2025, este delito provocó pérdidas estimadas en 123 mil millones de pesos, recursos que no ingresaron a las arcas de la Federación ni a la empresa del Estado.
A diferencia del robo tradicional de combustible, el huachicol fiscal opera mediante esquemas de evasión y simulación en la importación, comercialización y distribución de hidrocarburos. Esta práctica no solo implica un quebranto directo a Pemex, sino que también reduce de manera significativa la capacidad recaudatoria del Gobierno federal, al evadir el pago de impuestos.
El impacto es profundo. Pemex enfrenta desde hace años una combinación de factores adversos, entre ellos una elevada deuda, una producción limitada y altos costos operativos. En este contexto, las pérdidas asociadas al huachicol fiscal representan un golpe adicional que restringe su margen de maniobra y complica su viabilidad financiera.
La magnitud del problema se dimensiona al comparar el monto perdido con distintos rubros del gasto público. Los 123 mil millones de pesos superan presupuestos clave contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026. Por ejemplo, equivalen a casi el doble de los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que contará con 60 mil 110 millones de pesos.
Jalisco, entre los Estados con más ordeñas a ductos de Pemex.De acuerdo con datos oficiales, entre diciembre de 2018 y octubre de 2024 se registraron más de 70 mil tomas clandestinas en ductos. En comparación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron más de 40 mil.
A nivel estatal, el impacto resulta igualmente significativo. El monto perdido equivale a una parte sustancial de las participaciones federales que recibirá Jalisco en 2026, estimadas en más de 150 mil millones de pesos. Incluso, permitiría financiar hasta nueve veces proyectos clave de infraestructura hídrica, como el acueducto Chapala-Guadalajara y la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, considerados fundamentales para garantizar el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Independiente de las cifras, este delito genera distorsiones en el mercado de combustibles. Al evadir impuestos, los actores ilegales pueden ofrecer precios más bajos, lo que propicia competencia desleal y afecta a los distribuidores formales. Además, la persistencia de este delito evidencia fallas estructurales en los mecanismos de supervisión, particularmente en aduanas y en el control de importaciones energéticas.
-
-
-
-
-