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SAN LUIS POTOSÍ, SLP. – La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, negó categóricamente que exista influencia del Gobierno del Estado en el actuar de la institución, así como una presunta persecución en contra de profesionales del periodismo y de la libertad de expresión en la entidad.
La funcionaria rechazó los señalamientos de organizaciones civiles que acusaban una supuesta violación al debido proceso tras la reciente captura de tres personas por su probable responsabilidad en delitos contra la dignidad humana, derivado de una posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital.
«La institución investiga hechos denunciados con apariencia de delito sin distinción de profesión, actividad, creencia religiosa, sexo o edad de las personas presuntas responsables», afirmó García Cázares.
La Fiscal General puntualizó que la coordinación con los tres poderes del Estado no compromete la autonomía jurídica ni operativa de la FGESLP. Explicó que las actuaciones se sustentan estrictamente en el Código de Procedimientos Penales del Estado y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Según detalló, el Ministerio Público encontró elementos suficientes para integrar la carpeta de investigación y solicitar las medidas al Poder Judicial. Precisó que corresponde a un Juez determinar la procedencia de una orden de arresto, mientras que la Fiscalía actúa únicamente como representante jurídico de la parte denunciante, por lo que pidió no malinterpretar a la institución como un «ente inquisidor o sancionador».
Respecto a la situación jurídica de los señalados, la FGESLP informó que la orden de aprehensión —librada por un Juez de Control de la Primera Región— fue cumplimentada el pasado jueves 21 de mayo de 2026. Aunque inicialmente se reportó la captura de dos mujeres, la dependencia aclaró que son tres las personas imputadas por delitos contra la identidad.
El viernes 22 de mayo se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, donde el Juez de Control dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los tres involucrados. Finalmente, sobre las acusaciones de una presunta incomunicación de los detenidos, García Cázares sostuvo que se actuó conforme a la ley y que cualquier afirmación contraria deberá ser acreditada por quien la emita.
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